SANTIAGO. El Primer Juzgado de la Instrucción de aquí dictó medidas de coerción en contra de once personas acusadas de un fraude por más de US$100 millones en contra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Tres de los imputados fueron enviados a la cárcel, mientras que el resto tiene prisión domiciliaria e impedimento de salida.
Entre las personas con medidas de coerción se encuentran Elvin Quiroz, Alfy Tavárez, Carlos Balbuena y Elvis Balbuena.
Según la investigación realizada conjuntamente con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), los imputados estafaron al departamento de impuestos internos por la suma de US$100 millones en cheques cobrados.
Mientras que este año, las solicitudes de reembolsos fraudulentos correspondientes al año fiscal 2008 presentadas supera los US$70 millones, pero no se emitió ninguno de los cheques de reembolso correspondiente a esa reclamación por provenir de maniobras fraudulentas.
El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, y el fiscal de Santiago, Raúl Martínez, afirmaron que varios de los imputados de la acción delictiva podrían ser extraditadas si se comprueba que tienen responsabilidad en ese hecho.
En ese sentido, Martínez dijo que todo dependerá de los resultados de las investigaciones que se realizan sobre el caso y de los requerimientos que formulen los Estados Unidos como país afectado.
Manifestó que con relación al caso también se investigan a extranjeros que residen en Santiago. También que Estados Unidos como país agraviado es quien tiene que requerir a las personas que entienda pueden ser extraditados por ese caso.
El grupo de dominicanos apresado es acusado de llenar a través del Internet numerosas planillas que eran enviadas físicamente y por la red a los Estados Unidos para conseguir la devolución de dinero por concepto de pago de impuestos. En las investigaciones que se realizan participan agentes del Buró Federal de los Estados Unidos (FBI), quienes han actuado en la mayoría de las requisas que se han hecho.
Junto al fiscal Martínez forman la comisión que investiga el caso, el general Claudio Peguero y el coronel Alejandro Dipré.
De su lado, el abogado Víctor Bretón, representante legal de varios de los acusados por la estafa, sostuvo que dos de sus clientes son estudiantes universitarios, a quienes alegadamente se les pagaba semanalmente por llenar las planillas.
Indicó que sus clientes supuestamente fueron engañados por una persona que se encuentra prófuga y quien presuntamente robó la identidad de sus defendidos a través del Internet para cometer el fraude contra Estados Unidos.
