SANTO DOMINGO.- En un sorpresivo e inesperado pedimento de último minuto, los representantes del ministerio público en el caso Baninter se retractaron ayer del pedimento de decomiso realizado en sus conclusiones formales sobre las tiendas de zonas francas que se encuentran actualmente en manos de Aerodom, propiedad de Abraham Hazoury y el español Jesús Balderas.
La exclusión del pedimento de decomiso de las tiendas de zonas francas, contraviene de forma directa la acusación de lavado de activo que habían formulado los mismos fiscales contra Luis Álvarez Renta en las operaciones y préstamos de las compañías Interduty Free, Bankinvest, y Ultra Sport, que eran propietarias de dichos negocios y que fueron traspasadas en el transcurso del juicio a Aerodom, sin que se conociera ninguna objeción del Banco Central, y sin que la comisión de liquidación del Baninter hubiera intentado cobro alguno de la sumas adeudadas en esa institución, a los detentadores de esos negocios, ejecutivos de Aerodom.
Había trascendido al momento de realizarse el pedido de decomiso por parte del Ministerio Público y de los abogados del Banco Central, que esto había contrariado grandemente al gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, quien habría hecho compromisos con ejecutivos de Aerodom, de que estas tiendas no serían tocadas en ninguno de los pedimentos de la acusación del caso Baninter. En las últimas horas, antes de la audiencia de ayer, había trascendido acuerdos entre el más alto nivel de la Procuraduría General de la República, y el gobernador del Banco Central para que se produjera la retractación del pedimento del Ministerio Público y de los abogados del Banco Central, entre los cuales figuran el doctor Francisco Álvarez Valdez, que ostenta la doble calidad de abogado del señor Abraham Hazoury y del BC.
A lo interno de la barra de abogados del Banco Central se había suscitado una contradicción entre el abogado Álvarez Valdez, que propugnaba porque no se incluyera el pedido de decomiso de las tiendas de zonas francas, en control de Arodom, y el doctor Carlos Salcedo que entendía que era imposible sostener el cargo de lavado en el caso de Bankinvest contra Álvarez Renta, sin solicitar la medida de incautación, lo que finalmente fue adoptado por los abogados del BC en sus conclusiones, solicitando el pedimento de decomiso de las tiendas de zonas francas.
Se espera que el BC haga lo mismo al agotar su turno en el dia de hoy y se retracte de su pedimento de decomiso, cumpliendo así con lo pactado con ejecutivos de Aerodom, que además son propietarios del periódico Clave Digital y la revista Clave, que le han dado una amplia cobertura a la acusación del caso Baninter.
La acusación se aferra a informe de Aurih y fotocopias
El fiscal Francisco García Rosa, al hacer uso de las palabras, admitió que el designado perito judicial Luis Emilio Aurich declaró ue no había realizado auditoria alguna, ni expeticio forense, ni visto la contabilidad del Baninter, ni había hablado nunca de fraude, ni llegado a ninguna conclusión, que no conocía los deberes fundamentales de un perito, pero que independientemente de lo anterior resultaba una prueba idónea para sustentar la acusación del Ministerio Publico y la soliitud de condena contra Báez Figueroa y demás imputados Igualmente el representante del Ministerio Publico pretendió defender el uso de las fotocopias como pruebas en el caso Baninter, apelando a una serie de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de cuya lectura se desprendía todo lo contrario de lo sostenido por el fiscal García Rosa.
En todas las jurisprudencias leídas, la Suprema Corte de Justicia de manera constante y coherente ha mantenido la imposibilidad de que las fotocopias reúnan las condiciones requeridas por la ley para hacer pruebas en el proceso penal, y aun en otras materias, ante una impugnación de cualquiera de las partes, impone al tribunal la obligación en ultimo caso a exigir la presentación del original.
Los fiscales defendieron la ocupación hecha por la Autoridad Monetaria y Financiera de los documentos del Baninter, sin la debida concurso de notarios previsto por él articulo 63 de la Ley Monetaria y Financiera, y al margen d elos procedimientos establecidos en dicha ley para la disolución y liquidación de una entidad bancaria. Los representantes del Ministerio Público, sin embargo, no se refirieron en su réplica a las defensas técnicas de Ramón Báez y Marcos Báez Cocco, en cual texto legal se apoyó la autoridad monetaria para intervenir al Baninter, con una comisión de administración que dispuso de sus propiedades y activos a partir del siete de abril del 2003.
El fiscal Francisco García exhortó a los jueces del Primer Tribunal Colegiado a revisar todos los videos del caso, contentivos de las declaraciones de los testigos del juicio, bajo el argumento de que no es misión de ellos como acusadores, mostrar al tribunal las pruebas testimoniales que avalan su acusación, contrario a lo hecho por el Consejo de Defensa de Ramón Báez Figueroa, que proyectó en video declaraciones de los 23 declarantes en su favor.
Fiscal defiende actuación del gobierno de Hipólito Mejía
El magistrado Germán Villalona defendió la corrección de la actuación del gobierno de Hipólito Mejía en el caso Baninter y la decisión de pagar y devolver todos los depósitos de dicho banco, bajo el criterio de que lo que se hizo fue proteger a lo que llamó víctimas.
El magistrado Villalona, sin embargo, al hacer uso de la replica, no dio ninguna explicación a las violaciones a la ley 183 Monetaria y Financiera, que prohíbe de forma taxativa al Banco Central asumir obligaciones de terceros, involucrarse en la administración de instituciones intermediación financieras y pagar depósitos por encima de 500 mil pesos, en lo caso en que se cumpla la disolución de un banco comercial.
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