SANTO DOMINGO.- El presidente Leonel Fernández negó haber intervenido en la decisión tomada por el Primer Tribunal Especial Colegiado del Distrito Nacional sobre el caso del fraude del Banco Intercontinental. “Si ha habido un gobierno respetuoso del poder judicial es este. Si esa fue la decisión del tribunal hay que respetarla, porque ese fue un juicio oral, público y contradictorio.
¿Qué tengo yo que ver con eso? ¿Cómo puede alguien decir eso?”. Respondió el mandatario, en alusión a la acusación del ex-presidente Hipólito Mejía de que el presidente Fernández fue quien impuso una sentencia benigna. Mejía había calificado de “parche” la sentencia que contempló 10 años de prisión para Ramón Báez Figueroa y Luís Álvarez Renta.
Mejía acusó este martes al presidente Leonel Fernández de efectuar una “intromisión politiquera” en la sentencia. "Yo quiero seguir creyendo en la justicia dominicana. Yo he sido un defensor a ultranza y quiero seguir defendiéndola, pero este mensaje me hace sentir con preocupación y recuérdese que yo antes de llegar al gobierno dije que no me inmiscuiría en las decisiones de la justicia y la apoyaba", expresó Mejía.
SOBRE EL FMI
Durante un almuerzo con directores de medios de comunicación en el Palacio Nacional, el presidente Fernández dijo que no hay inconvenientes para que haya un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero que solo habrá un nuevo acuerdo si ellos (el FMI) lo plantean.
El mandatario indica que el país ha dado muestras de que puede disciplinarse económicamente.
CASO SUN LAND
El presidente Fernández, explicó este jueves que el contrato suscrito con la Sun Land Corporation para la construcción de varias obras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), no tenía que ser sancionado por el Congreso Nacional.
El jefe de Estado justificó su argumento en el entendido de que no se trató de un préstamo internacional, sino de un crédito que dicha empresa otorga a los contratistas adjudicatarios de las obras que se construyen en la alta casa de estudios.
Al reunirse con directores de medios informativos, el gobernante explicó que para llevar a cabo la operación, y a solicitud de la Sun Land, las autoridades consultaron varias firmas de expertos juristas quienes aseguraron que se trataba de una acción legal y constitucional que no requería ser sometida a la consideración de los legisladores.
“Nosotros tomamos todas las previsiones, fuimos cautos, consultamos mucho para poder llevar a cabo una operación de esta naturaleza”, precisó el mandatario al asegurar que sectores políticos buscan crear un rompimiento del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional.
En ese sentido, refirió que el ex Procurador General de la República, doctor Virgilio Bello Rosa, uno de los consultados, explicó en su informe que de acuerdo al numeral 10 del Artículo 55 de la Constitución se exime de aprobación congresional los contratos suscritos por el presidente de la República en su calidad de jefe de la administración pública, cuando los mismos no afecten las rentas nacionales.
Dijo que el informe del jurista y dirigente del PRD, también se basa en el hecho de que la forma de repago de parte del Gobierno a la empresa Sun Land se hará identificando la fuente e incluyéndolo en el Presupuesto Nacional y Ley General de Ingresos y Gastos Públicos.
El doctor Fernández agregó que también el destacado jurista Marino Elsevif Pineda, antes de suscribirse el contrato, explicó en otro informe que de acuerdo al Artículo 37, numeral 13, dicha operación no tenía que conocerse en el Congreso, ya que se trata de un contrato que no está en la lista de actos regulados para la aprobación congresual.
El presidente Leonel Fernández señaló que ninguno de los juristas consultados dijo que ese contrato era ilegal, ni que había que enviarlo al Congreso por imperativo de la Constitución, ya que no hay afectación de rentas nacionales porque el repago estará incluido en el Presupuesto Nacional y Ley General de Ingresos y Gastos Públicos.
“Entonces nosotros en el Gobierno estamos actuando con el criterio y el juicio de personas independientes que incluso algunos militan en partidos políticos contrario al nuestro, para darnos cuenta de la validez y la certeza jurídica con que se está actuando”, añadió.
Significó que el Gobierno no tenía recursos para iniciar esas cinco obras en el campus universitario, debido a que el Fondo Monetario Internacional limita el empréstito internacional, según el acuerdo que rige ese organismo con la República Dominicana.
El presidente Fernández dijo que la Sun Land se acercó al país y mostró su interés en realizar las edificaciones mediante contratistas adjudicatarios a quienes ha pagado 32 millones de dólares de las cubicaciones realizadas al momento y cuyo repago lo hará el Gobierno a la empresa de intermediación financiera.
“Todo lo que se ha hecho es legal, todo cuanto se ha hecho es transparente, no hay ninguna intención dolosa, todo lo que se ha hecho es con el ánimo de que el país avance y progrese con obras de interés social para una comunidad, como en este caso se ha hecho para la Universidad Autónoma de Santo Domingo”, acotó el gobernante.
Con los recursos se construyen un moderno comedor económico, un centro de innovación tecnológica, un edificio de estacionamiento, un edificio de área administrativa y el hospital oncológico Heriberto Pieter.
En el encuentro del presidente Fernández y los comunicadores sociales participó el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, el director de Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia, Rafael Núñez, y el presidente la empresa Tecnoamerica, Pedro Delgado Malagón, quien esta encargado de la supervisión de estas obras.
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