SANTO DOMINGO, DN. /República Dominicana.-Dos economistas expresaron dudas sobre los resultados del plan anunciado por el presidente Leonel Fernández para frenar las alzas de precios de los alimentos y presionar una baja automática a partir de este sábado.
Apolinar Veloz y Arturo Martínez Moya coincidieron en afirmaron que con las nuevas medidas el "Estado camina hacia un callejón sin salida”, porque el Gobierno ya enfrenta muchos problemas con todos los subsidios ya existentes.
El pasado jueves, Fernández luego de sostener una reunión con comerciantes se comprometió a pagar la diferencia entre los precios del mercado y los que se establezcan para vender al consumidor.
El economista, Apolinar Veloz explicó a Clave Digital que ese tipo de subsidio sólo agrega inflexibilidad a la política fiscal del Estado que, a su juicio, ya se maneja inadecuadamente debido a que tiene un alto servicio de deuda externa y nómina pública que no le deja atender otras necesidades del país. Criticó que el Gobierno, “con el poco recurso que sobra”, aplique lo que denominó una medida “insostenible”.
“Ningún agente externo tiene que controlar precios y demandas. Si el Gobierno interviene en lo que son las ofertas del mercado está haciendo que el Estado funcione imperfectamente. Intervenir excesivamente en un mercado evita que opere la irracionalidad que debe operar de los entes económicos que intervienen en ese mercado”, expresó el especialista.
Medida fruto de la desesperación
Para el también economista Arturo Martínez Moya, encargado de asuntos económicos del opositor Partido Revolucionario Dominicano, el nuevo subsidio constituye una medida fruto de la “desesperación” del Gobierno.
Calificó el plan destinado a abaratar los precios como “un disparate” porque, a su juicio, el Gobierno no tiene recursos para suplir miles de millones de pesos mensuales a los consumidores.
Criticó, además, que esos subsidios se apliquen a los supermercados, centros de comercio que suplen a una parte mínima de la población, porque la gran mayoría compra en colmados y otros establecimientos minoristas.
Señaló que, independientemente de las consecuencias que podría traer ese subsidio, el programa solo beneficia a un 20% de la sociedad porque las personas de bajos recursos, que equivalen el 80% restante, no compran en supermercados sino en colmados, mercados y plazas agropecuarias, por ende, el Estado tendría que desembolsar alrededor de 2 mil millones de pesos mensuales.
“Si se fuera a subsidiar por el aumento de la inflación de los últimos tres meses la canasta familiar que ahora es de 27 mil pesos mensuales a aquellos que compran en los supermercados estamos hablando del 20% de los consumidores y el otro 80% él los dejó fuera de ese programa y por eso se trata de algo impracticable”, manifestó el economista.
Martínez Moya expresó que los dueños de los supermercados no van a estar contentos con esa medida debido a que saben que el Gobierno no va a pagar esa cantidad de dinero porque es algo imposible y porque reconocen que se trata de “programas políticos” del Gobierno por las elecciones del 16 de mayo.
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