SANTO DOMINGO, DN/República Dominicana.-Ante la evidencia de la nómina de pagos a los dirigentes de base del Partido de la Liberación Dominicana por diversas entidades del Estado, el presidente Leonel Fernández la dio por hecho y la defendió esta semana con tradicionales argumentos políticos, carentes de fundamento legal.
Ese privilegio a favor del partido de gobierno en magnitud sin precedente conocido choca con principios constitucionales y con la ley electoral que prohíben expresamente aprovechar el poder del Estado para beneficio de particulares y relacionados y se ha constituido en el peor escándalo de la campaña electoral.
Evidencias apabullantes
El reportaje televisivo de la periodista Nuria Piera sacudió la campaña electoral, al mostrar paquetes de cheques que eran entregados a dirigentes de base del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Las reacciones oficiales fueron contradictorias, unos lo negaban mientras otros lo justificaban, llegándose a sostener que se trataba de pagos por trabajos realizados por las emergencias impuestas por los fenómenos atmosféricos de noviembre y diciembre pasado, aunque luego se ha aceptado que esos pagos se hacen desde el 2005.
Pero la posterior aparición de cientos de páginas fotocopiadas de nóminas, listas con las firmas de los beneficiarios, recomendaciones, sustituciones y cheques con fechas del 2006 y 2007, no dejan dudas de la magnitud de la ocurrencia.
Muchos han considerado que se trata de las criticadas prácticas de los partidos dominicanos de repartir el patrimonio público entre sus dirigentes, militantes y relacionados. No hay memoria de una documentación similar en el clientelismo y la corrupción política nacional.
No se trata de las decenas de miles de parciales que todos los gobiernos designan en cargos públicos. Tampoco de las empleados temporeros contratados para labores de ornato o limpieza, sino de retribución a los presidentes de sus comités de base, por el simple hecho de serlos, sin una función pública.
En la documentación disponible hay cartas con logo, sellos y firmas de dirigentes intermedios que acreditan ante organismos del Estado a los presidentes de Comités de base para que reciban mensualmente cuatro mil pesos en el Distrito Nacional, y las provincias Santo Domingo y Santiago, y tres mil pesos en el resto del país. Hay cartas a los pagadores incluso comunicando sustitución de dirigentes.
Resumen contundente
En el legajo de papeles hay una prueba demostrativa del nivel de "normalidad" que ha adquirido la distribución de los fondos públicos entre los asociados políticos. Se trata de un "Resumen de los Presidentes de Comités de Base por Provincias, Municipios y Circunscripciones", bajo el nombre y lema del PLD.
En cada jurisdicción, incluidas las circunscripciones, aparece el número de presidentes de comités de base y el sueldo que se le asigna. Se ofrecen los totales por municipios y provincias y los organismos donde se les paga. Muchos municipios reciben pagos de diversas entidades estatales. En el cuadro anexo sólo se consignan las provincias, por razones de espacio.
Los pagos se han venido realizando a través de las secretarías de Agricultura y Obras Públicas, de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), la Comisión Presidencial para el Desarrollo Barrial, el Instituto Nacional de Aguas Públicas y Alcantarillados (INAPA), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, y el Instituto Agrario Dominicano (IAD).
El resumen abarca 11 páginas y en la última aparece el total de 42 mil 434 presidentes de comités de base beneficiarios, con un monto mensual de 143 millones 120 mil pesos, equivalentes a mil 717 millones 440 mil pesos por año.
Si el programa opera desde el 2005, como aceptó el presidente Fernández en su conversación del 31 de marzo con directores de medios de comunicación, el gobierno ha destinado en tres años 5 mil 152 millones 320 mil pesos para beneficio de dirigentes de base del PLD.
Para tener una idea del ventajismo político de este programa, basta considerar que su monto supera en 36 por ciento los 3 mil 778 millones de pesos que se ha entregado a la totalidad de los partidos en los once años que lleva el financiamiento instituido en la ley electoral a partir del 1998, incluyendo el actual 2008.
Para este año de elección presidencial el financiamiento legal a todos los partidos será de mil 60 millones de pesos, apenas el 60 por ciento de lo que reciben en un año los presidentes de comités de base peledeista, sin que ninguna ley lo haya autorizado.
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