SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El extraordinario crecimiento de los ingresos fiscales fruto de las cinco reformas tributarias ejecutadas por los últimos dos gobiernos ha servido para incrementar a niveles sin precedentes el número de personas que cobran mensualmente de los diversos organismos del Estado.
Tanto el presidente de la República, como los legisladores y autoridades municipales justifican el reparto de los dineros públicos en la necesidad de combatir la pobreza, pero unos y otros lo utilizan como mecanismo para incrementar su clientela política y obtener ventajas electorales.
La nómina oficial
Existen diversas versiones sobre el número de empleados del Estado Dominicano. Esta semana el presidente Leonel Fernández al comparecer a la serie de entrevistas Las Propuestas de los Candidatos dijo que la del gobierno central es de 313 mil. En un comunicado del Banco Central del 9 de octubre del 2006 se sostuvo que ascendían a 326 mil 720. Y en diciembre del mismo año la Contraloría General de la República registraba 365 mil 505.
La publicación del Banco Central informaba que el total de los empleados estatales ascendía a 411 mil, incluyendo 36 mil 82 del sector descentralizado y autónomo no financiero. Dando crédito a la Contraloría el total sería de 450 mil 175. Aunque un alto funcionario del gobierno dijo confidencialmente esta semana que pasan de 500 mil.
Adicionalmente el número de los que reciben cheques mensuales del gobierno sin trabajar ronda los 600 mil. Casi 400 mil a que ya ascienden los beneficiarios del programa "Solidaridad", con asignaciones de 500 y 750 pesos. Otros 100 mil reciben 3 mil pesos mensuales en el programa para desempleados "Vamo´ Arriba", 50 mil bachilleres integrados al nuevo Incentivo a la Educación Superior con 500 pesos mensuales, y los 42 mil 434 presidentes de comités de base del partido de gobierno que cobran tres y cuatro mil pesos mensuales en dos secretarías de Estado, dos dependencias de la Presidencia de la República y tres organismos autónomos.
En cualquier caso, el total de los que reciben beneficios monetarios del Estado pasaría del millón. Y alrededor de un millón 50 mil, partiendo de los empleados del gobierno central que registra la Contraloría General, que para este aspecto debería ser la fuente de mayor credibilidad.
La nómina estatal es mucho mayor si se suman los beneficiarios del clientelismo de los municipios. Baste señalar que en octubre pasado el síndico del municipio de Pedro Brand dijo por Teleantillas que tiene asignaciones mensuales que oscilan entre 500 y 7 mil pesos a 300 personas. Agregó que otras 300 cobran 2 mil pesos mensuales en los distritos municipales de La Cuaba y Las Guáyigas.
En múltiples organismos autónomos del Estado también existen programas de ayudas. El director de la Superintendencia de Seguros justificó la semana pasada los pagos a los presidentes de comités de base del partido de gobierno, indicando que él también ofrece ayudas mensuales por 300 o 400 mil pesos.
Más clientelismo
El clientelismo político tiene otras expresiones financiadas por el presupuesto nacional, como es el caso del Plan Social de la Presidencia, cuyos camiones preceden las giras políticas del Presidente de la República, o los repartos de canastas navideñas y de regalos de Reyes que en diciembre pasado costaron más de mil millones de pesos.
Por su parte los 32 senadores tienen asignados 229 millones 900 mil pesos al año para programas sociales y los diputados más discretamente disponen de decenas de millones de pesos al año para los mismos fines.
A todo eso habría que añadir la proliferación de subsidios de carácter político, que han pasado de la electricidad, cercano a los 650 millones de dólares el año pasado, al gas propano y al gasoil y los más recientes a zonas francas, al pan y los pollos.
El Instituto Nacional de Estabilización de Precios ha estado en receso en los últimos tres años, pero sigue pagando salarios a 2,300 empleados, en su gran mayoría militantes del Bloque Institucional Social Demócrata, aliado al partido de gobierno. En la Corporación de Empresas Estatales y la Comisión para la Reforma de la Empresa Pública, también organismos "vacantes", se sigue pagando a cientos de empleados que ya carecen de funciones.
A todo eso habría que sumar el extraordinario incremento en el pago de "Personal Temporero" del gobierno central que, según el economista Nelson Suárez, creció de 59.2 millones de pesos mensuales en el 2004, a 234.8 millones por mes en el 2007, equivalente al 296.6 por ciento, (Sección Economía de HOY, domingo 6 de Abril).
Ventajismo político
El presidente Leonel Fernández sostuvo ante ejecutivos de medios de comunicación que el pago a los presidentes de los comités de base no incide en el respaldo electoral que le atribuyen las encuestas y que responden a la necesidad de mantener la estabilidad social, pero se trata de un privilegio ascendente a 143 millones 200 mil pesos mensuales, del que no disfrutan los demás partidos.
El reiterado discurso del secretario de Interior y Policía, Franklin Almeida, en el sentido de que el partido de gobierno sabrá quienes votan en su favor, está dirigido a las 600 mil personas beneficiarios de los programas sociales y a los que cobran asignaciones mensuales sin tener función pública específica. En las listas de los colegios electorales es posible determinar quiénes votan, pero no por qué candidatura, dado el carácter secreto del sufragio.
Analistas políticos resaltan que nunca en la historia dominicana se había llegado a unas elecciones con 600 mil personas cobrando cada mes sin trabajar para el Estado. Si ejercen influencia sobre otro familiar, cónyuge, hijo o padre, significaría un millón 200 mil votos, el 21 por ciento del padrón de 5.7 millones de electores y electoras. Si se descuenta el promedio histórico de abstención del 27 por ciento, los clientes políticos aportarían el 29 por ciento de la votación.
Ese clientelismo político es más significativo si los beneficiarios son de la franja más pobre de la población, donde es frecuente la venta de votos hasta por 500 pesos que se ofrecen el día de las elecciones. A esa ventaja se atribuye en parte las altas preferencias que se expresan en las encuestas al proyecto de reelección presidencial.
Aumento de la tributación
Aunque el presidente Fernández subestimó esta semana los frutos de las cinco reformas tributarias ejecutadas en los últimos dos gobiernos, incluyendo tres en el actual, llegando a sostener que ha estado devolviendo impuestos, es obvio que los ingresos fiscales se han multiplicado en dimensión sin precedente en el actual período gubernamental. También por efecto de la implementación de la factura fiscal desde enero del 2007 y la reconocida eficiencia recaudatoria.
Los ingresos tributarios en el último año completo del anterior gobierno ascendieron a 74.7 mil millones de pesos, lo que implica un crecimiento del 234 por ciento en relación a los 249.6 mil millones estimados en el presupuesto del 2008. En el 2004 fueron de 117.2 mil millones, para un crecimiento del 113 por ciento en relación al año en curso.
El incremento neto es extraordinario aún descontando la inflación, que en el actual gobierno se ha mantenido en promedio de un dígito.
El presidente Fernández minimizó los efectos de sus reformas tributarias, poniendo énfasis en los de la factura fiscal y la eficiencia recaudatoria, pero fueron esos precisamente los factores que adujeron los sectores empresariales, políticos y sociales para oponerse a la última reforma tributaria del 2006, llamada de "rectificación fiscal".
Pero se hizo y en términos tan ambiciosos que tuvo que ser rectificada posteriormente en algunos renglones. Pese a todo, las recaudaciones proyectadas para el 2008 implican un incremento de 71.7 millones de pesos, 40 por ciento, en relación a las 177.8 mil millones del 2006.
La abundancia de recursos es una diferencia significativa, aunque no la única, entre el frustrado proyecto reeleccionista del expresidente Hipólito Mejía y el que protagoniza el presidente Leonel Fernández.
